Formarán a estatales en desarrollo sostenible y protección ambiental

Ley Yolanda: agentes del Estado deberán formarse con perspectiva en desarrollo sostenible y protección medioambiental
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La Cámara sancionó la ley 3285, que promueve la capacitación en protección ambiental y elaboración de políticas públicas sustentables para agentes y funcionarios de los tres poderes del Estado neuquino. Lo hizo al adherir a ley nacional 27.592, que crea el “Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo Sostenible” y lleva el nombre de “Ley Yolanda” en conmemoración a quien fuera la primera mujer del país en ocupar un cargo jerárquico en la cartera ambiental. Además, el cuerpo debatió y aprobó dos comunicaciones vinculadas a la erradicación de la violencia laboral y de género.

También en la sesión de hoy, se sancionó la ley de creación de dos juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia en Rincón de los Sauces y Villa La Angostura -ley 3283- e hizo lo propio con la norma que suspende los procesos judiciales que ordenen la subasta de bienes muebles o inmuebles ocupados por quienes cumplen un servicio esencial como prestadores médicos asistenciales públicos o privados de internación o de diagnóstico y tratamiento, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicio de Salud -ley 3284-.

Durante la sesión de ayer -ocasión en la que se aprobó en general la adhesión a la Ley Yolanda-, la diputada María Fernanda Villone (MPN) resaltó que la formación que se alcanzará a partir de las capacitaciones con perspectiva medioambiental permitirá “generar políticas de Estado transversales en todas las carteras de los gobiernos”. Ponderó que la autoridad de aplicación sea la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente porque “permitirá realizar un abordaje local” ya que no todas las jurisdicciones presentan la misma composición geo-ambiental. Con la ley aprobada, tanto la provincia como los municipios podrán “debatir políticas púbicas con perspectiva ambiental” y promover capacitaciones referidas a las consecuencias del cambio climático, protección de la biodiversidad, eficiencia energética y desarrollo sustentable, sintetizó Villone.

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A su turno, la diputada Soledad Martínez (FT) hizo un reconocimiento a Yolanda Ortiz, primera mujer en formar parte de un gabinete nacional al ser designada a cargo de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación en el año 1973. Martínez destacó que la ley implica la capacitación no sólo para empleadas y empleados de los tres poderes del Estado sino, fundamentalmente, para el funcionariado, alcanzando así a todos los operadores del Estado. En su intervención pidió, además, “que el tratamiento de esta ley sea la oportunidad para alcanzar la jerarquización de la cartera de Ambiente en la provincia”.

Por su parte, la diputada Leticia Esteves (JC) se refirió a las facultades que tendrá la autoridad de aplicación, entre ellas el diseño de los planes de capacitación que deben brindarse en los tres poderes del Estado; la articulación para la participación de instituciones científicas especializadas en la materia, y de la sociedad civil y sus organizaciones, en el marco del proceso de confección de los planes de capacitación; y la certificación del contenido de las capacitaciones.

Desde la banca del PTS-FIT, el diputado Andrés Blanco votó a favor de la norma en tanto “cuenta con el acompañamiento de sectores medioambientales” pero criticó el daño ambiental que generan los distintos métodos de extracción hidrocarburífera, fundamentalmente el fracking, según manifestó el legislador.

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En tanto, la diputada Patricia Jure (FIT) solicitó permiso para abstenerse de votar –tal como su espacio lo hizo en el Congreso Nacional durante el tratamiento de la Ley Yolanda- pero la Cámara no la autorizó. La legisladora se negó a emitir su voto por la afirmativa o la negativa, lo que quedó registrado en el diario de sesiones por encuadrarse dentro de una falta al reglamento. Al referirse al texto de la ley, Jure aseguró que “el control está en manos del zorro” en tanto la cartera de Ambiente ha permitido desastres de contaminación ambiental, según denunció.

Contra la violencia de género y el acoso laboral

En otro orden, en la sesión de hoy el cuerpo aprobó la comunicación 160 que le solicita al Congreso de la Nación la incorporación de la figura de licencia especial por violencia de género a la ley nacional 20744 -de Contrato de Trabajo-. El cuerpo hizo lo propio al probar la declaración 3034 que expresa beneplácito por la ratificación, por parte del Congreso de la Nación, del convenio de la OIT para la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Al fundamentar la comunicación 160, la diputada Ludmila Gaitán (MPN) explicó que la propuesta está en consonancia con una iniciativa similar para sancionar una ley provincial que crea la licencia especial por violencia de género en el ámbito público. Ambas iniciativas “buscan saldar una deuda, brindando una herramienta legal para una situación real”, dijo Gaitán al señalar que las mujeres violentadas suelen tomarse licencias inespecíficas para realizar, por ejemplo, las denuncias judiciales o asistir a tratamientos terapéuticos o clínicos. Acudir a licencias psicológicas “invisibiliza la problemática y estigmatiza” a las víctimas, remarcó Gaitán y, en ese sentido, señaló que la violencia de género “no es propia de la esfera íntima o privada, por lo que el Estado debe dar una respuesta”.

Por su parte, el diputado Carlos Sánchez (UP) recordó que su espacio político presentó una propuesta similar años atrás y valoró “la madurez alcanzada” para aprobar la propuesta en esta oportunidad. Además, pidió que “se ponga en funcionamiento” el patrocinio gratuito para víctimas de violencia de género aprobado por ley hace tres años. En tanto, la diputada Soledad Salaburu (FT) pidió celeridad “y presencia de los diputados y diputadas” en comisión para avanzar en la iniciativa y crear la ley provincial en la materia.

En tanto, al referirse al convenio de la OIT para eliminar la violencia y el acoso laboral ratificado por el parlamento nacional, el diputado Sánchez recordó que en el año 2019 se firmó el convenio en cuestión con eje en la erradicación de la violencia en el ambiente de trabajo, “un tema que ha atravesado a todo el mundo”. Ese mismo año, el Congreso convierte en ley el convenio, convirtiéndose Argentina en el tercer país en rubricarlo. “Este tema nos atraviesa como sociedad y es importante involucrar al Estado y a las organizaciones para trabajar en la erradicación de las distintas formas de violencia en el ámbito laboral en el cual, además, la mujer es el género más vulnerable”.

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